Las elecciones federales del 2018 reportaron un aumento en el uso de plataformas digitales y redes sociales como parte importante de las estrategias de campaña de los candidatos: grupos en Facebook llamando a boicots en contra de empresas y empresarios que se vieron involucrados en casos de noticias falsas; Bots y trolls en Twitter defendiendo a sus respectivos candidatos y hasta la fabricación de malainformación en torno un supuesto caso de lavado de dinero en contra de uno de los candidatos apoyada con videos difundidos a través de YouTube y que, en el extremo, involucró a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a exonerar al acusado seis meses después de la contienda.
En 2016, el diccionario de Oxford conceptualizó a la posverdad como el contexto en el que la objetividad se pierde por efecto de las emociones que rodean determinadas coyunturas o situaciones.
Varias contiendas electorales después, el concepto del Oxford Dictionary parece discutible. Y es que ese contexto de pérdida de objetividad transita ahora hacia una nueva forma donde, convertido en un mecanismo de manipulación y propagada, facilita la propagación de desinformación en formas muy sofisticadas y no todas exclusivas de los ambientes digitales. Al final de cuentas las noticias falsas han existido desde la Roma y la Grecia antigua.
Hoy en cambio atestiguamos el boom de las fake news, los bots, los trolls, los suckpuppets y hasta las Deep-fakes como las principales herramientas para la propagación del contexto de posverdad o como lo defino yo: para la alimentación de ese mecanismo que merma a las sociedades confundiéndolas, agitándolas y polarizándolas.
Así que la pregunta es obligada estando ya tan cerca del próximo 5 de junio cuando se deciden las gubernaturas de seis estados en el país: ¿Qué papel están jugando las redes sociodigitales en las contiendas electorales?
Si bien es cierto que no se ha podido comprobar si las redes tienen el poder suficiente de definir contiendas, lo que es evidente es que el dinero invertido en ellas para estos fines crece cada vez más:
El 5 de noviembre de 2020 un reporte de Los Angeles Times señalaba que las campañas de Donald Trump y Joe Biden habían gastado más de 200 millones de dólares sólo en Facebook, utilizando el papel de moderadores de noticias falsas con un alto impacto político. Donald Trump gastó 110 millones de dólares y Joe Biden, 107 millones en esa ocasión. En Google (propietaria de Youtube), Biden invirtió 81 millones de dólares, mientras que Trump se gastó 77 millones de dólares.
En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó durante la contienda electoral del 2018 un convenio con Facebook (ahora Meta.Inc) para “promover la participación ciudadana en los comicios de 2018.” El acuerdo incluía la realización de talleres para capacitar a los funcionarios del INE sobre el funcionamiento de Facebook y las mejores prácticas para la comunicación política en la plataforma.
Con todo y el convenio, y a pesar de los esfuerzos del INE, los casos de desinformación se presentaron en la contienda y, por momentos, las interacciones sociotecnológicas de los usuarios rebasaron el poco orden que los medios de comunicación formales podían establecer con información verificada.
Las próximas elecciones estatales son importantes porque a partir de ellas se podrán preconfigurar escenarios de lo que sucederá en 2024. Las estrategias electorales se tejen hoy en la complejidad y la multidimensionalidad de los escenarios digitales donde surgen microfenómenos que conforman más que un contexto, un arma que lo mismo logra atraer adeptos a las teorías de conspiración alrededor del Covid19 que recrear la imagen y voz falsa de un mandatario pidiendo a su pueblo la rendición de su país ante una guerra, como ocurrió con el video falso de Vadimir Selenski propagado apenas días antes de iniciado el conflicto en Ucrania.
Es la posverdad vista hoy -desde mi humilde opinión frente al concepto del Oxford Dictionary-, un mecanismo y un arma de alto riesgo donde sus piezas se entrelazan para confundir y engañar sociedades, con riesgos que van más allá de la simple polarización de la opinión. Menciona La Experta.
Fuente: El Economista
