GUANAJUATO | 4 de enero de 2022
Guanajuato presenta un “alto riesgo de seguridad” para las inversiones por los niveles de violencia e inseguridad que se reportaron el año pasado, según la proyección para el 2022 que realiza la consultora internacional Control Risks.
Dicha empresa es la más consultada a nivel internacional para establecer los niveles de confianza de las regiones del país y, con ello, afianzar futuras inversiones de consorcios o de ciudadanos con muy alto capital financiero.
La proyección de Control Risks para el país, es que Baja California, Chihuahua, Clima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, presentan una “fragilidad endémica” que comienza a preocupar a las empresas globales para invertir en dichas entidades federativas.
Los indicadores que más debilitan a las entidades federativas, según el reporte son pobreza extrema, inseguridad alimentaria, conflictos armados, inestabilidad política, desplazamiento de la población y el desempleo entre jóvenes.
El reporte compara que esta misma situación de estados mexicanos la padecen países con conflictos bélicos como Somalia, Siria, Yemen, Libia, Mali, Runda y Afganistán.
Esta última ciudad del Medio Oriente estuvo gran parte de 2021 con la clasificación “riesgo alto de seguridad”, pero la toma de Kabul por parte de los grupos talibanes, en agosto, elevó su rango.
Control Risks evalúa las amenazas a los activos financieros, físicos y humanos de una empresa, así como la voluntad y capacidad de las fuerzas de seguridad pública para proteger los activos y el personal de la empresa.
Los factores incluyen conflictos militares, insurgencias, ataques terroristas, huelgas y disturbios, vandalismo, secuestro y delitos violentos y adquisitivos.
El riesgo de seguridad puede variar para las empresas y los proyectos de inversión debido a factores como el sector industrial, la nacionalidad del inversor y la ubicación geográfica.
Además, establece que las empresas que operan en jurisdicciones de alto riesgo “deben planificar tiempos de respuesta significativamente más largos a las crisis humanitarias, económicas y de seguridad. Los vacíos de seguridad se multiplicarán y rápidamente”.
