GUANAJUATO | 1 de abril de 2022
El diputado Alejandro Arias propuso exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de que establezca “un criterio definitivo” que permita decidir sobre la procedencia o no de amparos para que menores de edad sean vacunados contra el Covid-19.
Arias Ávila explicó que, atrincherado en su arrogante postura de “austeridad criminal”, el gobierno federal se niega a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, lo que ha derivado en juicios de amparo y posturas encontradas en resoluciones de tribunales.
Si privilegian el fondo, es decir el derecho a la salud de los niños, se les concede la suspensión para efectos de ser vacunados; pero si el Tribunal privilegia la forma, le otorga razón a quien no la tiene, el Gobierno, dijo al exponer su propuesta de Punto de Acuerdo.
Dijo que hoy en día se contabilizan diversas contradicciones de criterios pendientes de resolver por el máximo tribunal de esta Nación, por lo que se está a la espera de que la misma fije uno definitivo respecto a la procedencia de amparar a las niñas, niños y jóvenes para que puedan ser vacunados.
“En ese sentido consideramos indispensable y urgente, en ánimo de procurar y proteger el derecho a la salud de nuestras niñas, niños, y jóvenes, que la Suprema Corte se pronuncie en pro de ampliar su protección y en defensa de sus derechos”, añadió.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI dijo que la política de “austeridad criminal” que privilegió el gobierno federal, no permitió atender la contingencia sanitaria con apego a lo establecido en la Ley General de Salud y su Reglamento, además de que en la prevención, contención y control de la misma faltó liderazgo y voluntad política.
Hubo medidas tardías, pero llegaron las vacunas y la esperanza de poner fin a la contingencia, aunque los Lineamientos Generales del Programa de Vacunación que se emitieron evidenciaron las graves fallas del Sector Salud en la logística que se aplicó para aplicar el biológico, además de que, dentro de la población objetivo, “jamás se incluyó a los jóvenes y niños”, agregó.
Subrayó que, en todo momento, el gobierno federal ha mantenido su postura de no vacunar a menores de ese rango de edad a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que, con los gramajes adecuados, su aplicación era segura.
El legislador enfatizó que, si bien esa postura era entendible en un inicio, por correr más riesgo la población adulta y carecer de evidencias sobre el riesgo de vacunar a menores, a estas alturas ya es “insostenible” por los avances científicos en la efectividad de las vacunas y la progresión en los contagios de las niñas, niños y adolescentes.
Sostuvo que eso explica por qué miles de padres de familia se volcaron a los tribunales para exigir la protección al derecho a la salud de sus hijos, pero que, lamentablemente, se encontraron “con una inexplicable contención por parte del gobierno federal que, con el paso de los meses, ha tenido que ir cediendo, al grado de incluir, de mala gana y amparo tras amparo, a los adolescentes dentro de la población que debe ser vacunada”.
