La Cámara de Diputados aprobó cambios a la ley del IMSS tras años de lucha de las empleadas del hogar organizadas. Al ser inscritas al instituto, contarán con ahorro para una pensión, incapacidades y guarderías, entre otros beneficios.
Este jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 486 votos a favor y una abstención un paquete de reformas a la Ley del Seguro Social (LSS) para establecer que toda persona que contrate a una trabajadora del hogar tiene la obligación de inscribirla al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El proyecto podría beneficiar a más de dos millones de personas que se dedican a estas labores.
Marcelina Bautista, fundadora y directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (Caceh), no pudo esperar a que la presidenta en turno de la Mesa Directiva, la diputada Karla Yuritzi Almazán (Morena), terminara de decir: “Aprobado en lo general y en lo particular” y gritó “¡Justicia, justicia! ¡Lo logramos: seguridad social para trabajadoras del hogar!”. Y sus compañeras la acompañaron en el coro.
México es el segundo país con más empleadas del hogar en el continente, con casi 2.3 millones de personas dedicadas a esa ocupación, 92% mujeres y 8% hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Brasil es el país con más trabajadoras en ese sector y Estados Unidos, el tercero.
La reforma, que ya fue avalada por el Senado en marzo pasado, adiciona el capítulo XI a la LSS, dedicado a las personas empleadas del hogar. En el artículo 239-A define quiénes serán consideradas trabajadoras del hogar y reconoce tres diferentes modalidades laborales: de entrada por salida, de planta o de quedada y empleo en diferentes domicilios.
El artículo 239-C es el que indica la obligación de la persona empleadora de inscribir a la trabajadora al IMSS. Quien la contrata realiza el trámite de afiliación, aporta su cuota patronal, retiene la cuota de la trabajadora con base en el cálculo que indique la página del instituto y abona ambos montos. Al concluir el proceso legislativo, la reforma pasó al Ejecutivo para su promulgación.
